Abandono del Gobierno Federal repercute en presupuesto de Michoacán: GPPAN
Comunicado 654/2018
Morelia; Michoacán, 30 de diciembre de 2018.- El abandono del gobierno federal repercute en el presupuesto de Michoacán, por lo que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) actuó con gran responsabilidad para evitar afectar la economía de los michoacanos.
El legislador Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, dejó en claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó 33 programas federales, afectando así a los michoacanos que menos tienen, por lo que se buscó que en el paquete fiscal para el 2019 no se incluyeran impuestos para el grueso de los ciudadanos, ni para los grupos vulnerables en el estado.
El diputado panista aseguró que, pese a que el tema del presupuesto estatal se politizó por la lucha de poder que mantienen el gobierno estatal y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el GPPAN mantiene su compromiso de legislar de forma responsable y a favor de los michoacanos.
“Ante la ineficiencia y desinterés del Gobierno Federal por bajar impuestos que sí afectan a la población, como el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) que aumentará el costo de la gasolina, los legisladores del PAN asumimos la responsabilidad de no afectar la economía de la población y buscar medidas adecuadas a la difícil situación que atraviesa el estado”, indicó.
Estrada Cárdenas detalló que la Ley de Ingresos 2019 establece impuestos que consisten en aumentar el 1 por ciento a la nómina, recurso que se empleará en temas de inteligencia y seguridad, donde el GPPAN vigilará y exigirá que el Gobierno del Estado cumpla en este rubro.
Agregó que se incrementa el 1 por ciento en hospedaje, para crear un fideicomiso que podrán utilizar los empresarios hoteleros para promoción turística, una vez que el Gobierno Federal eliminó el programa de Pueblos Mágicos y Promoción Turística.
Señaló que en el tema cedular se aplicará el 2.5 por ciento únicamente para los profesionistas que perciban más de 2 millones de pesos al año, lo que corresponde a 166 mil pesos mensuales, como una medida de seguridad para evitar que se cometa fraude o se ostente un título falso.