Niñas y Niños en Michoacán

 Panorama sobre los derechos de la infancia en Michoacán. 

Aidée Vargas

Las niñas y los niños de Michoacán son diferentes, sin embargo viven en un grado de vulnerabilidad más alto, con diferencias étnicas, económicas y sociales más marcadas. De la población total en la entidad, 1 millón 304 mil 279 son niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 30% de los michoacanos[1], de entre los cuales algunos niños transcurren esta etapa sin la protección ni la procuración de derechos necesarios para forjar una vida digna en el futuro.

La educación y la salud es uno de los principales indicadores en torno a los cuales puede realizarse un análisis sobre las oportunidades de desarrollo. En Michoacán de Ocampo, el grado promedio de escolaridad es de 7.4, lo que equivale a poco más de primer año de secundaria. De cada 100 personas de 15 años y más  10.7  no tienen ningún grado de escolaridad, 61.8 tienen la educación básica terminada; 0.4 cuentan con una carrera técnica o comercial con  primaria terminada, 14.8 finalizaron la educación media superior, 11.8 concluyeron la educación superior, 0.5 no especificado.[2]

Si bien una vida digna se construye a partir del cumplimiento de lo anterior, también es necesario implementar y garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Estos derechos se reconocen a nivel internacional, sin embargo hasta hace poco tiempo se ha logrado definir que las niñas y los niños son sujetos a éstos, y no sólo por obviedad, sino por ley.

Así mismo, de manera particular y conforme a las normas y tratados internacionales, los cuales forman parte de nuestro sistema jurídico y su observancia es obligatoria para cada Estado de la Federación, es menester establecer en las leyes las obligaciones que los integrantes del seno familiar tienen con los menores, ya que es aquí donde se comienzan a formar las condiciones necesarias para la supervivencia, desarrollo y esparcimiento de los seres humanos.

A partir del año 2013, la entidad cuenta con un ordenamiento en la materia, previo a ella se tienen los antecedentes de 2002 y 2011. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de Michoacán, surgió como respuesta a las condiciones de los niños michoacanos, ampliando el catálogo de derechos y para tratar de afrontar la  realidad de entonces, y a pesar de los avances,  señalaba que la mortalidad  infantil en nuestro  Estado era de 16 decesos por cada 100 mil nacimientos  vivos, lo que representa el lugar 27 a nivel nacional; que el 5,3% de las madres en nuestra Entidad tenían entre 15 y 17 años.

Además, de  acuerdo a  estadísticas de INEGI, estimaciones de CONAPO y la Secretaría  del Trabajo y Previsión  Social, en Michoacán el 13.6% de la población entre 12 y 17 años no trabaja ni acude a la escuela, y de los que trabajaban el 44% enfrentan condiciones de explotación laboral, o en el mejor de los casos  percibían menos de 2 salarios mínimos diarios, y sin ninguna forma de seguridad social.

La ley aprobada en 2013 resultó ser el mayor avance en el tema, puesto que enmarcaba los derechos ya existentes, y principalmente, sus formas especiales de tutela del derecho de niñas, niños  y adolescentes  a la vida,  a la libertad,  a la igualdad  sustantiva  y a la no discriminación,  a ser protegidos en su integridad, en su libertad y contra la trata de personas,  el maltrato  y el abuso  sexual,  en cuanto al derecho a la justicia, a la identidad civil y a la identidad  cultural,  al derecho  a vivir en familia,  a la salud, la educación, el descanso,  la recreación y el deporte,  a  un nivel de  vida  adecuado para  su desarrollo,  y a un medio ambiente  sano.[3]

De la misma forma, esa Ley hizo frente a un grave problema que atañe hasta la fecha al país y por su puesto a Michoacán. Se   fortalecieron las  medidas de prevención,  atención,  sanción  y erradicación  de  la trata de niñas, niños y adolescentes  para destinarlos a la prostitución u otras formas de explotación sexual. En el estudio  «Infancia  robada: niños y  niñas  víctimas  de  explotación  sexual  en México»,  editado en 2005 por la UNICEF,  estima que alrededor  de entre  16 mil  y 20  mil  niñas,  niños  y adolescentes,  se  ven  afectados  por  este  delito,  a mayoría  han  sido  utilizados en prácticas de prostitución, pornografía, turismo sexual y tráfico con fines  de  explotación  sexual.

En  el monitoreo de Internet  que realiza la Policía Federal,  a través de la Unidad de Delitos Cibernéticos  y Contra Menores, se han encontrado 1,347 sitios que exhiben  pornografía infantil, de los cuales 310 son mexicanos, y la misma institución estima que las niñas, niños y adolescentes utilizados en dichos  sitios  tiene n  las  siguientes características: a) 41% tiene entre 12 y 17 años de edad; b) 38% tiene entre 8 y 12 años de edad; c) 14% tiene entre 4 y 8 años de edad; d) 7% tiene entre 0 y 4 años  de edad;  lo que  es referido  por el informe  de México  sobre  los  protocolos facultativos  de  la convención  sobre los derechos  del niño relativos a la venta, la prostitución  infantil y su utilización en la pornografía.

De este modo, la Ley promovió la generación  de  respuestas políticas  apropiadas  para  atender  los problemas  y las necesidades de los niños, niñas  y adolescentes. Resultó un precedente pues propuso el desarrollo  de sistemas  de información  sobre  infancia  y adolescencia;  la adecuación de la leyes y reglamentos en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño;  la planificación e  implementación  de nuevo diseño institucional del Consejo Estatal de Protección de los  Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Michoacán.

2015

El año 2015 fue fundamental para la creación de una ley que protegiese totalmente el interés de las niñas y los niños. Derivado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Periódico Oficial en 2014, así como de la reforma constitucional del año 2011, el Congreso de Michoacán transformó el ordenamiento que en uno nuevo que se basa en el interés superior de la niñez.

La reforma contempla que el Estado velará siempre por el interés superior del niño al momento de diseñar e implementar, además de obligar constitucionalmente a los padres o tutores para que garanticen que las niñas y niños tengan un adecuado desarrollo y, si no es así, deberán exigir a los gobierno que se cumpla.

Para que el estado mexicano y en particular el estado de Michoacán atienda las necesidades de la infancia, basada en este principio, deberá escuchar a las niñas y niños de acuerdo a su madurez intelectual, además de tomare en cuenta los vínculos familiares, sexo, edad, estado de salud, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico de niñas, niños y adolescentes[4].

Así pues esta ley reconoce que las niñas y niños son sujetos de derechos, además de establecer que los gobiernos y los encargados de su cuidado están obligados a procurar su desarrollo integral, entendido este cuando la niñez tiene la protección del:

(…) derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho de prioridad; derecho a la identidad; derecho a vivir en familia; derecho a la igualdad y a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; derecho a la educación; derecho al descanso y al esparcimiento; derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; derecho de participación; derecho de asociación y reunión; derecho a la intimidad; derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales.[5]

La ley actual no sólo protege a la infancia con derechos básicos que por regla general se aplican, si no la provee de derechos que deben cumplirse sin importar su edad; antes de esta iniciativa, a las niñas y niños no se les veía como alguien que pudiese ejercer, por ejemplo, su derecho a opinar, pues éste sólo se sujetaba a los ciudadanos, es decir a los mayores de 18 años. En este sentido, los gobiernos en Michoacán, estarán obligados a crear programas que atiendan los derechos antes mencionados.

¿Qué es el interés superior de la niñez?

La Convención Sobre los Derechos del Niño, principal instrumento internacional sobre la protección de los derechos de los menores, reconoce como titulares de derechos a niñas, niños y adolescentes, es decir establece que la infancia será protegida y estará por encima de cualquier decisión gubernamental que afecte su desarrollo.

El interés superior de la niñez también se relaciona y extiende esta responsabilidad a los padres, miembros de la familia ampliada para que las niñas y niños puedan ejercer sus derechos a través de esta figura que los represente.

¿Hablar de la familia como centro de protección de sus derechos?

Es por esto que la ley actual de Michoacán, es un instrumento de relevancia, pues toma a la familia como uno de los pilares para su cumplimiento, y por tanto para el ejercicio de los derechos de la infancia. La familia como el primer centro de desarrollo es fundamental para la convivencia, y es donde se deben procurar primordialmente el desarrollo. Es aquí donde se observa si una niña o niño está siendo víctima de algún abuso, falta de oportunidad o requiere ser escuchada o escuchado, es aquí en donde los padres o tutores pueden hacer uso de la voz y buscar los mecanismos para que sus hijas o hijos cuenten con los elementos necesarios para crecer y tener esparcimiento.

¿El estado garantiza dichos derechos?

En relación con todo lo anterior, el estado de Michoacán y sus distintos niveles y órdenes de gobierno, deberán procurar que las niñas, los niños y sus familias tengan acceso a la planeación de las políticas de este sector, así como de tomar en cuenta siempre su condición de infantes antes de tomar cualquier decisión que les afecte.

Podemos decir que esta Ley crea un ambiente idóneo para comenzar a fijar políticas con visión a futuro y las cuales impliquen condiciones de mejora para que generaciones futuras mejoren las condiciones de salud, educación, empleo y esparcimiento.

[1] Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Panorama Sociodemográfico de México, 2011.

[2] Ídem

[3] Dictamen de La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de Michoacán

[4] Dictamen de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Michoacán de Ocampo.

[5] Dictamen de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Michoacán de Ocampo.