Penas ejemplares a funcionarios que desvíen recursos de Michoacán: Andrea Villanueva

Comunicado 206/2017 

  • La diputada panista propuso ampliar los años para sancionar a cualquier funcionario que desvíe o haga malos manejos del patrimonio de los michoacanos

Morelia; Michoacán, 15 febrero de 2017.-   El nivel de endeudamiento de Michoacán y lo lesivos que han resultado los intereses de las deudas contratadas, tienen a las finanzas del Estado gravemente deterioradas, sin que hasta la fecha haya un solo funcionario que responda ante la justicia por el mal manejo de los recursos.

Así lo expresó la diputada panista Andrea Villanueva al presentar durante la sesión de este miércoles reformas a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán, con la finalidad de ampliar los plazos a la prescripción del fincamiento de responsabilidades, para que aunque haya transcurrido un largo tiempo, sea posible que la Auditoría imponga sanciones más severas a los responsables del desvío o malos manejos del recurso.

Con esta iniciativa, la legisladora local propuso que cuando un funcionario menoscabe el patrimonio de los michoacanos, cubra hasta el 100 por ciento de los daños causados por su falta, y no como actualmente se establece una sanción máxima para resarcir hasta el 60 por ciento del quebranto.

“Es inaplazable hacer justicia y en la medida de lo posible recuperar el patrimonio que le pertenece a los michoacanos, por eso estoy pidiendo que se inhabilite hasta por 10 años a quien sea detectado y sancionado por conductas ilícitas, el desvío y el uso indebido de los recursos”, detalló la representante albiazul.

En la propuesta también se amplía el número de años para que se finquen responsabilidades a un funcionario cuando actúe en perjuicio del erario público, pasando de 5 a 15 años para que enfrente a la justicia aunque ya no se encuentre en un cargo político.

Finalmente, la representante panista aseguró que con estas acciones establece  las bases para erradicar la impunidad de los malos funcionarios, combatiendo desde todos los frentes las malas prácticas en el ejercicio de la función pública y devolviendo a la ciudadanía el poder de decisión.