Urgente garantizar seguridad de los estudiantes: Eduardo Orihuela
Comunicado 366/2020
*Es un asunto que se debe atender de manera integral
Morelia, Michoacán, 08 de mayo de 2020. La seguridad pública de los estudiantes es un tema que se debe atender de manera integral, incluyendo tanto la prevención de delitos e incidencia delictiva, como la seguridad vial durante su entrada y salida de clases; esto debe ser entendido como una garantía que debe brindar el Estado para libre ejercicio de los derechos de los estudiantes, indicó Eduardo Orihuela Estefan.
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el congreso de Michoacán, presentó iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 80, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, y se adiciona el artículo 86, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo, en materia de seguridad escolar, ya que en los últimos años, se ha incrementado de manera importante la incidencia criminal en las zonas escolares y alrededores.
En su exposición de motivos a través de la primera sesión virtual que se lleva a cabo, destacó que los estudiantes se han convertido en blanco de la delincuencia, sufriendo una constante de asaltos, agresiones, acoso y hostigamiento sexual, e incluso delitos de alto impacto como secuestros y desapariciones.
Estos delitos, agregó, tienen repercusiones sociales, económicas y psicológicas en la vida de los estudiantes y sus familias; es urgente y necesario tomar acciones de prevención en materia de seguridad pública y seguridad peatonal, estableciendo atribuciones específicas a las autoridades e instituciones para salvaguardar y garantizar la integridad de los estudiantes en su trayecto a sus hogares.
Las instituciones educativas son lugares físicos donde pasamos gran parte de nuestras vidas, donde nos desarrollamos, crecemos, aprendemos y maduramos, sin embargo, no están ajenas a la crisis de inseguridad que vive el país y el Estado. Garantizar la seguridad de los alumnos es una condición indispensable en un entorno actual de violencia y criminalidad, añadió Eduardo Orihuela.
“De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los dos primeros meses de este año, la incidencia delictiva del fuero común en la entidad ha incrementado en un 6%, destaca un repunte en la incidencia de los delitos contra la seguridad sexual con un aumento del 25%, un aumento del 10% en delitos contra la integridad corporal, del 14% en delitos contra la libertad personal, y del 17% en delitos contra otros bienes”.
A la par, señaló Orihuela Estefan, también es necesario y urgente garantizar la seguridad vial de los estudiantes, quienes tienen un mayor riesgo al no respetarse el reglamento de tránsito y vialidad en las zonas escolares; para tener una referencia de la urgencia de acciones en materia de seguridad vial, solamente durante los primeros dos días del regreso a clases en el año en curso, se presentaron 28 siniestros viales en la capital del estado.
Aunado a lo anterior, expuso, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Michoacán, ha tenido una inversión histórica de más de siete mil millones de pesos; sin embargo, sus resultados han sido magros en cuanto a la protección y seguridad de los estudiantes, lo que hace necesario implementar atribuciones específicas en el marco legal para tal efecto.
A su vez, dijo, la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo no incluye acciones de seguridad vial específica para estudiantes y zonas escolares, por lo que es necesario incluir dichas medidas de protección, incluyendo la coordinación entre Estados y municipios para disminuir los riesgos a los peatones en zonas escolares y aledañas.
Finalmente, Eduardo Orihuela indicó que garantizar la seguridad de los estudiantes implica una realización urgente de acciones y políticas de prevención como garantía de dicho derecho humano, derecho que tienen un impacto fundamental en la calidad de vida de la población estudiantil, esta función le corresponde al Estado y municipios de forma irrenunciable.